CARTA DE MONS. MARTINI AL PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

 

San Justo, 14 de Noviembre de 2006

Al Señor Presidente
de la Cámara de Diputados de la Nación
Dr. Alberto Balestrini

Estimado Señor Presidente:
               De mi consideración me dirijo a Usted para desearle Paz y Bien en Jesucristo, Señor de la Historia y de la Vida.

             Las circunstancias me obligan a escribirle en mi doble carácter de ciudadano y Obispo de la Diócesis de San Justo -La Matanza-. El bien común temporal es el fin de toda actividad política -y la legislativa lo es en grado sumo-, no es ajeno a mi ministerio episcopal, cuya finalidad es también el bien común, aunque en un sentido más amplio. Precisamente esta convergencia en el bien común de nuestras tareas, es la que requiere me dirija a Ud. y, por su intermedio, a todos los Señores Diputados de la Nación, para que tengan en cuenta estas consideraciones, referidas a diversos proyectos de ley, en estudio en esa Honorable Cámara. Me refiero en concreto a la posible ratificación definitiva del Protocolo Opcional para la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), y la aprobación de la mal llamada "anticoncepción de emergencia", obligando incluso a su distribución gratuita por parte de las obras sociales y entidades de medicina.

              El proyecto de ratificación del Protocolo, con la media sanción del Honorable Senado, ha sido girado a esa Honorable Cámara de Diputados. Con inusitada rapidez, ese cuerpo legislativo le otorgó el status de "preferencia con despacho de Comisión". Esto implica que, con la mera aprobación de un despacho favorable en las comisiones de Relaciones Exteriores y Familia, el proyecto es llevado inmediatamente al recinto, para ser tratado por el pleno de la Cámara, sin respetar los tiempos reglamentarios, e impidiendo a los diputados que no pertenecen a esas Comisiones, presentar despachos en minoría, proyectos alternativos u observaciones al dictamen. Tanta premura del Congreso en resignar la soberanía legislativa nacional, sólo podría explicarse en un contexto político como el que estamos viviendo.

              Algunas declaraciones u opiniones dogmáticas de ciertas ideologías nos deberían hacer pensar profundamente en las consecuencias a que nos llevaría la ratificación del Protocolo. Tengamos en cuenta que la Recomendación General n° 24, del Comité de la Cedaw, en relación al artículo 12 de la Convención, en su párrafo n° 14 alude a la despenalización del aborto procurado (20° período de sesiones, del 19 de enero al 5 de febrero de 1.999). En base a dicha Recomendación, dicho Comité instó a la hermana República del Paraguay, a derogar el delito de aborto (A/51/38, United Nations Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women -Fifteenth session-, n. 131); recomendación reiterada en enero de 2.005. El Comité manifestó a la República Dominicana y México, su preocupación porque en sus hospitales, los médicos ejercen la objeción de conciencia y se niegan a practicar abortos, además insta a garantizar el pleno acceso al aborto en esos hospitales (A/51/38, United Nations Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women -Fifteenth session-, nn. 349 y 408); idéntica recomendación hizo a la República de Panamá (A/51/38, United Nations Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women -Fifteenth session-, n. 199). Dichos países tienen cláusulas en su constitución política, de respeto a la vida desde la concepción.

               Es bien sabido que como todo Protocolo es facultativo, es decir, no hay ninguna necesidad jurídica ni política de ratificarlo. El objetivo de dicho instrumento es hacer vinculantes las recomendaciones del Comité de la Cedaw; las que, como hemos visto, incluyen la despenalización del aborto.

               Desde el punto de vista jurídico, debo resaltar que el Congreso Nacional, al ratificar la Cedaw, hizo expresa reserva de no aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia, en las controversias que pudiere suscitar la aplicación de la Convención (art. 2, 2° párrafo de la ley 23.179). Ahora bien, si se ratificara sin más el Protocolo Opcional, la República Argentina aceptaría la potestad ilimitada del Comité de Seguimiento, respecto de denuncias que puedan efectuar en su contra, tanto particulares como ongs. Destaco que el Comité no es un tribunal de justicia, sino un órgano administrativo político-ideológico. Parece irracional rechazar la competencia de un Tribunal Internacional de Justicia, para solucionar controversias entre naciones; y simultáneamente, someterse a un organismo administrativo, para “defenderse” de acusaciones de particulares y grupos con intereses y financiación inconfesables.

               Naturalmente, esto es sólo una breve síntesis de los antecedentes, que deben ser estudiados y cuidadosamente ponderados por los Señores Diputados, antes de votar un proyecto de ley como el mencionado. ¿Podrá ser realizado en tan breve plazo?, y ¿cómo garantizarlo si se ha resuelto -manu militari-, la eliminación de los plazos para ello?. Finalmente, si se sanciona el proyecto de ley sin la previa discusión parlamentaria que el asunto amerita, ¿cómo aventar todo tipo de sospechas sobre los Señores Diputados? ...

               El otro proyecto de ley en estudio, pretende la liberalización y entrega gratuita de las píldoras mal llamadas de "anticoncepción de emergencia". Los laboratorios dueños de las patentes han reconocido públicamente, que su principal mecanismo de acción es modificar el endometrio, inhibiendo la implantación del óvulo fecundado; es decir, matando a un ser humano en sus primeros días de vida. Además, otro de sus efectos es posterior a la implantación -para el caso que la misma sucediese-, al inhibir la secreción de la hormona luteinizante, lo cual hace imposible la permanencia del anidamiento embrionario, matando también a un ser humano en sus primeras semanas de vida. La Justicia Criminal de Córdoba, ha imputado a los directivos del laboratorio Biotenk, dueños de la píldora de "anticoncepción de emergencia", cuyo nombre comercial es "norgestrel max", quienes al traducir al castellano el prospecto del producto "norlevo", de Laboratorios Besins-Iscovesco, reconoce que es "un método que busca evitar … la implantación de un huevo fecundado". Insólitamente consta en el expediente administrativo de la ANMAT, que al autorizar la fabricación de dicha píldora, le exigió al laboratorio suprimir toda referencia a los efectos abortivos. Por ello ha sido girado copia de las actuaciones a la Justicia Federal en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires, para investigar al Ministro de Salud de la Nación y diversos otros funcionarios públicos, por la violación del art. 201 del Código Penal, con penas entre tres y diez años de prisión.

               Conocida es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo del 5 de marzo de 2.002, en el caso "Portal de Belén", por el cual "… todo método que impida el anidamiento debería ser considerado como abortivo". Además, el 31 de octubre de este año, en el caso "Mujeres por la Vida", también la Corte Suprema legitimó a la ONG "Mujeres por la Vida", para cuestionar por inconstitucional la ley nacional de salud sexual y procreación responsable, entre otros puntos, por la inclusión de métodos de la mal llamada "anticoncepción de emergencia".

               Parece lamentable que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, dedique su tiempo y dineros del Pueblo, al tratamiento de proyectos de ley, para pretender legitimar acciones delictivas e inconstitucionales.

               Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, apelo a su conciencia y sensibilidad humana y cristiana, y a la de sus pares; en cuanto al tratamiento de los proyectos de ley que acabo de reseñar y criticar sucintamente. Apelo a la hombría de bien, y a la propia autoestima de los legisladores, quienes sin duda tienen sus propias convicciones; al margen de lo que pueda ser una indicación de los jefes de bloque, partidarios o gubernamentales. Quisiera poder conversar personal y privadamente con cada uno de Uds., a fin de ayudarlos a sacar de dentro suyo lo mejor de sí mismos, para el servicio a nuestro amado Pueblo Argentino. A tal fin, me pongo desde ya a vuestra disposición; los interesados, no tienen más que llamarme para acordar un encuentro cordial y fraterno, para conversar serenamente sobre estos y demás temas que nos atañen como ciudadanos, y por las investiduras con las que hemos sido revestidos respectivamente. Como Uds. sabiamente intuyen, los argentinos necesitamos imperiosamente la concordia, es decir compartir nuestros corazones; en este caso, por la idéntica pasión por el Bien Común, que es el bien de todos los argentinos, sin excepciones, y sin distinción de raza, color, sexo, origen, cualidades, ni del hecho de haber o no nacido, en este momento.

               Juan Pablo II nos enseñó que el tema de la vida y de su defensa y promoción no es exclusivamente para los creyentes: es para todos...Sólo el respeto de la vida puede fundamentar y garantizar los bienes más preciosos y necesarios de la sociedad, como la democracia y la paz. No puede haber verdadera democracia, si no se reconoce la dignidad de cada persona y no se respetan sus derechos. No puede haber siquiera verdadera paz, si no se defiende y promueve la vida. Todo delito contra la vida es un atentado contra la paz, especialmente si hace mella en la conducta del pueblo”(EV101).

               Señor Presidente y distinguidos Señores Diputados, reciban Uds., un afectuoso saludo, mi bendición y oración, por la importante tarea legislativa como representantes del pueblo, todo ello en Cristo Jesús, que es la Vida, que nos llama tocando las puertas de la conciencia a la conversión y a vivir de su Palabra y cumplir los Mandamientos.

¡DIOS ES AMOR!
Baldomero Carlos Martini
Obispo de San Justo

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